AD.- El presidente y portavoz del PP en la localidad barcelonesa de
Palafolls, Óscar Bermán, convertido ya en toda una referencia de los
valores genuinos de la derecha que su partido. sin embargo, decidió
arrinconar desde su accidentado viaje al centrismo, con la pérdida de
millones de votos en el camino, presentará y defenderá una moción
municipal instando a la derogación de la Ley de Violencia de Género,
responsable a su juicio de la interposición cada año de cientos de
denuncias falsas por parte de mujeres españolas y residentes en nuestro
país. Bermán lamenta los “perversos efectos” que la citada ley ha tenido
en el incremento de los suicidios de varones (ocultados por los poderes
públicos) y en la quiebra del principio constitucional que establece la
igualdad legal entre hombres y mujeres. También denuncia los lucrativos
efectos que tiene para el Estado el mantenimiento de la citada norma.
AD ha conversado con el concejal y dirigente catalán del PP:
– ¿Qué pretende con la presentación de una moción que será
rechazada por la mayoría socialcomunista que gobierna en su municipio?
– Sobre todo la ocasión de poner en entredicho una ley, de proclamar
en voz alta su consumada arbitrariedad y naturaleza sectaria, de poner
en entredicho un sistema a través del cual se aprueban normas que
distinguen el alcance penal de un mismo delito en base al sexo al que
pertenezca el delincuente. No necesito ser jurista para comprender lo
que un espíritu normal jamás entendería. Un supuesto maltratador es
siempre visible, mientras que algunos juristas tratan de convencernos de
que si el maltratador es una mujer, la parte maltratada sólo es un
accidente, una entidad abstracta que no merece la pena humanizarla a los
ojos de la opinión pública. Cierto que existen algunos casos de
maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas, y que yo
condeno con toda firmeza, aunque infinitamente menores a lo que cuentan
las estadísticas oficiales, pero le aseguro que el otro también existe,
además de forma creciente, y parece que lo aconsejable no sea otra cosa
que aminorar sus efectos, ridiculizarlos o incluso negar que existan.
Desde el mismo día de la promulgación de la Ley Orgánica Integral contra
la Violencia de Género (LOIVG) hemos podido constatar que en realidad
no se trataba de una ley para la defensa de la mujer maltratada, pues de
ser así se hubiera redactado en términos muy diferentes y se hubiera
tratado de mantener el fundamental principio de que todos somos iguales
ante la ley penal.
-Planteará usted en su moción el hecho elocuente, aunque inexistente a efectos oficiales, de los hombres maltratados en España…
Ninguno de nosotros ignora el mal trato institucional que sufren los
hombres separados cuando se enteran, por ejemplo, de que sus derechos
son menores que los que tenía un paria en la antigua India. Conozco
casos de hombres separados que, tras el farragoso trámite de la
repartición de bienes, se quedaron con lo puesto y sin ninguna instancia
a la que acudir. Entre las crueldades de este sistema, ninguna como su
ensañamiento con los hombres, la criminalización del hombre ante
cualquier denuncia por malos tratos presentado por cualquier esposa
desequilibrada, cruel y resentida. Ni siquiera tienen el derecho a la
misma presunción de inocencia que tiene el peor de los criminales. En
los casos de presunto maltrato, el sistema no necesita de más base
indiciaria que el formalismo de una denuncia para que la honra del
denunciado pase por su trituradora.
Cada vez que en España se tramita una denuncia falsa de malos tratos,
el Gobierno recibe más de tres mil euros de subvención de la UE. No
importa si la denuncia termina en la papelera a los cinco minutos,
aunque el protocolo policial establece la detención y posterior calvario
judicial de un inocente. Pero genera mucho dinero, que las hembristas
se reparten como buitres atacando la carroña. Las denuncias falsas por
malos tratos las promociona el Estado porque se trata sin duda de un
negocio rentable.
-¿Se fía usted de las estadísticas respecto al número de maltratos que se registran oficialmente en España?
Ni yo ni nadie que haya estudiado el caso con el rigor, la seriedad y
la imparcialidad, alejado de cualquier tic dosmático y sectarista, que
merecería. Hay centenares de informes de prestigiosos expertos que
prueban cómo la mayoría de las denuncias por maltrato son literalmente
falsas. Yo también lo creo. Y no sólo yo: El año 2010 se cerró con un
40% de denuncias de mujeres extranjeras. Y los jueces ya anunciaron que
al menos la mitad de las denuncias que se presentaron fueron falsas. Hay
que recordar que durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero,
se ampliaron los marcos de aplicación de la ley de Violencia de Género
por el procedimiento de otorgar más beneficios aún, en este caso a las
mujeres inmigrantes sin papeles: automáticamente, solo por denunciar,
tenían papeles, casa, pensión, cursos de formación y todo lo necesario
para integrarse como una ciudadana española ya asentada.
El argumento que se dio entonces para tal medida es que así las
mujeres extranjeras ilegales en España podrían denunciar sin el miedo
que tenían de poder ser deportadas, argumento falaz totalmente falso ya
que cualquier extranjero, con o sin papeles, puede denunciar un delito
en España y por el mero hecho de estar su denuncia subjúdice ya no se
deporta pues es parte en juicio. Así pues, lo que realmente había detrás
era fomentar la industria y el negocio de género dando datos del
crecimiento de denuncias que se hacían única y exclusivamente a cambio
de beneficios sociales. Las subvenciones se están dando en función del
número de denuncias, no de objetivos alcanzados, cuando se justificaba
la discriminación positiva para la mujer, discriminación negativa para
el hombre, por una cifra de muertas en manos de sus parejas que se
mantiene por inutilidad de la Ley, creciendo, en cambio, el número de
hombres muertos en manos de sus parejas.
-Ha establecido usted una relación entre denuncias falsas y hombres suicidados…
Rubalcaba anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar un
decreto por el que los hombres denunciados, no condenados, por violencia
de género se les retirarían la patria potestad. A un ladrón de bancos
no se le retira, se puede ser ladrón y buen padre, pero resulta que una
vez más ni hace falta ser condenado, solo denunciado por una mujer, para
que a un padre se le quiten sus hijos, su casa, aunque siga pagando la
hipoteca, y se le obligue a pagar una pensión alimenticia, cuando no,
además, una compensatoria. Así se están suicidando entre 600 y 800
hombres cada año, cálculo que se hace extrapolando estadísticas porque
el Estado de la Igualdad dejó de publicar estos datos a los dos años de
aprobar la ley de Violencia de Genero, cuando observó que las falsas
acusaciones estaban disparando la cifra de suicidios.
La falacia más grande de todo ello es justificar que estas medidas se
toman por el bien de los menores. A una mujer denunciada por malos
tratos no se le priva de la guardia y custodia, pero a un hombre sí; a
un violador, a mi modo de ver la actitud más ruin del machismo “como
situación de dominio y de poder contra la mujer”, como cita la ley de
Violencia de género, tampoco se le priva de sus hijos. Es más, como el
caso de Marcos, de San Adriá del Besos, Barcelona: su mujer le clavó 5
puñaladas, estuvo procesada por intento de homicidio, le quitaron la
guardia y custodia mientras estaba detenida, pero ya está en la calle y
los servicios psicosociales (SATAF) consideraron que la madre debía
tener la guardia y custodia porque el padre “hablaba mal de ella” y se
la han dado. Para el interés del menor no existen ni las maltratadoras,
ni las asesinas, ni los violadores… solo existe que una mujer, que por
definición es, ha de ser, siempre será y se ha de decir así, “pura,
santa y buena madre” y que denuncie en falso a su pareja.
-Paradójicamente, sin embargo, este sistema niega el derecho a
la tutela jurisdiccional a las mujeres que son maltratadas física y
pisicológicamente en el caso de que la agresora sea otra mujer.
Hay otros casos igual de graves, como el de la estafadora que se
sirvió de Internet para estafar a un pobre hombre y que, al ser
descubierta, denunció a su víctima por acoso. En este caso, el acoso
consistió en la pretensión del pardillo de recuperar su dinero. Y cada
día son más las mujeres despechadas que, al amparo de las normas, pueden
presentarse ante una comisaría a denunciar que han sido maltratadas,
solas o acompañada por dos compinches encargadas de prodigar a la
‘maltratada’ toda clase de atenciones llenas de circunspección, como si
se tratara de José de Arimatea y de Nicodemo sosteniendo el cuerpo de
Cristo después del descendimiento de la cruz . Le aseguro que tras esta
secuencia no hay marido en España que se libre del Vía Crucis.
Respecto a lo que usted plantea, algunas mujeres juristas montaron en
cólera por la ‘osadía’ de un juez de condenar a una agresora lesbiana.
Una tal Altamira Gonzalo fue la cabecilla, entonces presidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis. Señaló que es de una “ignorancia
supina” aplicar esta norma a las parejas homosexuales, porque fue creada
específicamente para “erradicar la violencia que se ejerce por los
hombres a las mujeres en las relaciones de pareja”. Dijo también que la
sentencia podría haber tenido ese sentido por “motivos personales” del
juez contra la norma. Da por hecho que el juez mantuvo actitudes
homofóbicas por no dejar sin castigar la perpetración de un delito.
Supongo que si ese mismo juez hubiese dictado una sentencia
condenatoria contra un hombre acusado de poligamia o de alentar la
mutilación genital de su hija, la tal Altamira le habría acusado de
tener motivos islamófobos. Se da por hecho que este tipo de debates
dentro del estamento judicial no abarcan casos como el de los delitos
contra menores, ni contra la corrupción en amplias zonas de la geografía
española, sino sólo los que afectan a los derechos y libertades de
determinados grupos. No se puede sin embargo culpar a esta jurista de lo
que el Estado no ha previsto. Es un problema de autoridad moral. Por
eso siguen en lo de siempre.
Y si ha sido creada una ley para ser aplicada arbitrariamente en la
supuesta protección de la parte más débil, ¿por qué no otra que aplicase
todas las eximentes posibles al pobre de solemnidad que decidiera
atracar pacíficamente una de las sucursales de los herederos de Emilio
Botín?
La maltratada que habría sido condenada a pasar por el olvido si las
resoluciones judiciales dependiesen de Altamira Gonzalo sufrió daños
físicos y psicológicos terribles. Se pretendió borrar de las crónicas de
sucesos casos como éste, más aún si la maltratada confiesa que nunca
más volverá a convivir con una mujer. Y por supuesto quisieron
cruxificar al portentoso juez que se atrevió a rebasar dogmas y
prejuicios y por cuyo valor tendría que estarle agradecido toda la gente
decente de este país.
-¿Quiero esto decir que los varones españoles nos encontramos más indefensos que nunca?
Poca defensa tiene el español del siglo XXI, cuya vida puede ser
literalmente destrozada por una mujer fría, cruel y calculadora. Es el
sistema, en cuyo nombre el Estado niega protección a los maridos y en
cambio se prodiga en atenciones y cuidados a psicópatas sexuales, sin
papeles, asesinos reincidentes y toda esa gama de delincientes que
crecen como hongos al abrigo de nuestras ineficientes normas. No se
puede uno imaginar peor instinto ciudadano que el de estos ignaros y
resentidos legisladores al servicio de las feministas radicales.
Lo anterior se resume en tres principios políticos y legales:
Desprecio a los hombres en cualquier contencioso con sus parejas,
desprecio a la presunción de inocencia y desprecio al espíritu de esa
Constitución de 1978 que nos habla de igualdad de todos y todas ante la
misma ley.
-¿No teme usted por las consecuencias políticas de estas declaraciones?
Poco o nada habríamos avanzado desde 1975 si un político electo no
pudiera defender un punto de vista sin que ese punto de vista sea
socialmente criminalizado. Gracias a Dios, mi vida no depende de
cálculos económicos ligados a la política. Y si me metí en esto hace ya
muchos años fue para defender los mismos principios que mi partido dijo
que defendería en las elecciones generales de 2011. Hoy, cualquiera
puede salir en un medio informativo a defender el aborto, la lucha
armada, la perversión de la familia tradicional, la eutanasia, el
islamismo radical… Cualquiera puede hacer burla de los símbolos
cristianos, negar la existencia de Dios, acusar a los hombres por el
sólo hecho de serlos, tachar de islamófobos a los que mantenemos una
actitud de cautela hacia el islam… En cambio yo no puedo sostener que en
muchas universidades españolas se adoctrina a los alumnos o que la Ley
de Violencia de Género es injusta e inmoral, porque mi linchamiento
social está servido. Hemos construído una aparente democracia en la que
la libertad de expresión se garantiza, sí, pero a cambio de que
defiendas lo que políticamente ha sido establecido como dogma laico de
fe no sujeto a discusiones ni interpretaciones. Esto tiene todas las
trazas de una sociedad orwelliana que mi partido, lamentablemente, no ha
sido capaz de combatir, por sus incurables complejos ideológicos.
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